La modificación de la ley sobre seguros sociales permite la vigilancia de los asegurados por detectives contratados por las aseguradoras sociales. En opinión del Parlamento y del Gobierno, la medida es necesaria para combatir los abusos que se producen en este campo. Pero sus adversarios la consideran lesiva al Estado de derecho. Por esa razón han lanzado un referéndum que será sometido a votación el 25 de noviembre.
A ha tenido un accidente de trabajo y se queja de fuertes dolores de espalda debidos a ese accidente. Obtiene una pensión de invalidez pagada por la SUVAEnlace externo (Caja suiza de Seguros de Accidentes). Sin embargo, la SUVA tiene la sospecha de que A simula un trastorno más grave del que efectivamente sufre. El cuadro clínico no es muy claro y en las entrevistas habidas con los representantes de la SUVA el asegurado ha sido más bien evasivo. Por esta razón, la compañía de seguros encarga al detective B vigilar a A para verificar si el estado de salud del asegurado corresponde realmente al que dice tener. Por el momento se trata de un escenario ficticio. Pero si la revisión de la ley federal sobre los seguros sociales (LPGA) es aprobada por la ciudadanía el 25 de noviembre, B podrá vigilar a A cuando este se encuentre en la calle, en un bar, en un parque o en cualquier lugar público. El detective podrá también vigilarle en lugares privados cuya vista sea accesible desde un lugar público; por ejemplo, si A se encuentra en un balcón o en un jardín que no esté protegido de miradas desde el exterior.
El investigador podrá también sacar fotos o grabar conversaciones siempre que no utilice aparatos que aumenten su capacidad perceptiva, como teleobjetivos, dispositivos de visión nocturna o micrófonos direccionales. Finalmente, solo con autorización de un juez el detective podrá hacer uso de material técnico como, por ejemplo, un rastreador GPS, para localizar al asegurado.
Génesis de la revisión de la ley
En el pasado reciente la SUVA y el seguro de invalidez (AIEnlace externo) han recurrido sistemáticamente a medidas de vigilancia para luchar contra posibles abusos. Sin embargo, en octubre de 2016 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó que las compañías de seguros no disponían de base jurídica suficienteEnlace externo para vigilar en secreto a los asegurados. A raíz del dictamen la SUVA suspendió inmediatamente sus averiguaciones. Un poco después y tras la publicación del parecer del Tribunal Federal, la AI puso también fin a sus actividades de vigilancia.
La suspensión de este tipo de actividad condujo al Gobierno y al Parlamento a retomar el tema. Considerando urgente dotar de base jurídica a las actividades de vigilancia, la mayoría parlamentaria decidió separar los artículos relacionados con las observaciones y darles un tratamiento de prioridad, al tiempo que el Gobierno ya había iniciado una revisión más amplia de la LPGA. En marzo de 2018 las dos cámaras del Parlamento aprobaban por amplia mayoría la revisión de la ley.
Además de definir las situaciones y las modalidades en las que se puede llevar a cabo la vigilancia (ver más arriba), la revisión establece que la medida debe ser ordenada por un representante de la aseguradora con funciones directivas, siempre que haya indicios concretos de un abuso y que haya resultado inútil cualquier otro tipo de averiguación.
Una observación puede desarrollarse durante un máximo de 30 días en un plazo de seis meses. El periodo de vigilancia se puede prorrogar por un máximo de otros seis meses. Al término del periodo de observación, la aseguradora está obligada a informar a la persona observada del motivo, tipo y duración de la vigilancia. Si la observación no confirma los indicios, la aseguradora debe destruir el material obtenido, salvo que el asegurado pida que se conserve.
Texto de la ley sometida a votaciónEnlace externo
Las nuevas reglas no atañen solo a la AI y la SUVA sino a la totalidad de los seguros sociales sometidos a la LPGA, es decir, al seguro de vejez AVS, al seguro de desempleo y al seguro obligatorio de enfermedad. Lo que equivale a decir que afecta potencialmente a la casi totalidad de las personas que viven en Suiza. En cambio, no se ven afectadas las ayudas sociales, que son competencia de los cantones y los municipios, y la previsión profesional.
Puntos polémicos
Aunque en principio la lucha contra los abusos en el terreno de los seguros sociales sea indiscutible, los diputados de izquierda han criticado duramente la revisión aprobada por el Parlamento, por considerarla desproporcionada y lesiva de los derechos fundamentales y de la privacidad de los asegurados. En su opinión, la ley, aprobada apresuradamente, solo tiene en cuenta los intereses de las aseguradoras y crea un clima de sospecha generalizada hacia los asegurados.
Los adversarios critican en particular el hecho de que la revisión de la LPGA permite a las compañías de seguros llevar a cabo vigilancias sin tener que recurrir a la autorización de un juez. Consideran además que la nueva norma confiere a las aseguradoras más competencias que la propia policía.
El código de procedimiento penalEnlace externo permite a la policía realizar vigilancias en lugares públicos sin autorización previa de un tribunal, pero no menciona, a diferencia de lo que se propone en la revisión de la LPGA, la posibilidad de vigilar a una persona que se encuentra en un lugar privado pero visible desde un lugar público exterior.
Sin embargo, según la Oficina Federal de Seguros Sociales (OFASEnlace externo), la jurisprudencia del Tribunal Federal confiere las mismas prerrogativas a la policía aunque no se mencionen específicamente en el código de procedimiento penal. Así que, como máximo, la revisión de la LPGA concede a los detectives privados prerrogativas análogas a las de la policía.
Siguiendo en el terreno de la jurisprudencia, la OFAS rechaza la hipótesis de que entre los lugares libremente visibles se encuentren espacios internos de una vivienda, como temen los adversarios a la revisión de la ley. Por lo tanto, salones, dormitorios y escaleras entrarían en la esfera de la privacidad y no podrían ser vigilados por detectives contratados por las aseguradoras.
Finalmente, la OFAS garantiza que la revisión de la LPGA no permite a los detectives el uso de instrumentos técnicos que aumenten sustancialmente la capacidad de percepción humana para tomar fotografías o grabar audios o vídeos.
Por lo tanto, nada de drones, dispositivos de visión nocturna, cámaras de infrarrojos, telescopios o microscopios, ya que a pesar de que su exclusión no venga explícitamente formulada en la ley, esta debe inferirse del sistema legal, sobre todo de las analogías con el código de procedimiento penal, así como de las declaraciones del Consejo Federal (Gobierno) durante el procedimiento legislativo.
Esta es la razón por la que algunos partidarios del referéndum, sobre todo entre las filas liberales, hayan criticado la poco afortunada redacción de la ley y teman que el debate sobre los puntos polémicos continúe en los tribunales.
fuentes:.swissinfo.ch/
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