El proyecto Software Público Internacional es una resultante de la denominada Red Colaborativa de Software Libre y Abierto de América latina y el Caribe, iniciativa motorizada desde 2007 por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo con base en la Universidad Federal de Minas Gerais, Brasil. Allí comenzó a gestarse, sobre la base de la investigación y desarrollo de software libre y abierto como alternativa superadora a la cada vez más significativa brecha entre las soluciones ofrecidas en el mercado (generalmente, provistas por los países más desarrollados) y las necesidades a nivel local o regional por los países en desarrollo, especialmente en las áreas de e-gobierno y e-gobernanza, donde las condiciones de acceso a sistemas y aplicaciones de licencia propietaria eran, por lo oneroso, casi prohibitivas para las administraciones subnacionales.
Así, frente a una situación de dependencia tecnológica que hacía vulnerables a los países con menor capacidad de investigación y desarrollo que emprendían la implementación de estrategias de Gobierno Electrónico, la posibilidad de plantear la adopción de soluciones basadas en software de código libre o abierto, que pudieran ser compartidas, mejoradas y distribuidas en base al modelo de desarrollo colaborativo del Software Libre, con el consecuente ahorro para las arcas públicas (debido a la gratuidad del software), y a la vez generando un “ecosistema” capaz de sostener y brindar soporte a los sistemas y aplicaciones implementados, fue configurando una tendencia que atrajo la atención de los Estados latinoamericanos, entre los cuales, por su propio peso específico, en términos de capacidad de investigación, desarrollo e innovación, Brasil tomaría la delantera, originándose lo que se conocería como Software Público Brasileño (SPB).
Básicamente, el SPB se constituyó como un ambiente para la disponibilización de soluciones informáticas, cuyo objetivo en lo inmediato es satisfacer las demandas de Tecnologías de Información del sector público, con la participación del sector privado y la sociedad civil.
El fundamento de esta experiencia reside en el tratamiento del software como “bien público”, es decir, como un bien económico cuya naturaleza es no rival y no excluyente, estando disponible para el usufructo de cualquier potencial usuario. A la fecha, el Portal de Software Público brasileño cuenta con 100 mil usuarios registrados y 48 soluciones puestas a disposición, que son utilizadas también por otros países de la región.
Con el lanzamiento, en 2009, del Proyecto Software Público Internacional (SPI), que se propone internacionalizar -con el respaldo del PNUD- el modelo del SPB, otras experiencias también han visto la luz más recientemente, como es el caso de Repositorio Nacional de Aplicaciones, de Venezuela, o el Portal de Software Público de Perú. En ambos casos puede verificarse la diversidad con que, sobre la base del paradigma brasileño, distintos Estados, con gobiernos de signos políticos diferentes, han ido orientando la generación de su propio modelo de Software Público, con variantes en cuanto al alcance del licenciamiento y el grado de apertura a la sociedad de las soluciones disponibilizadas.
Luego de formalizar su ingreso al SPI en julio de 2010, con la adhesión -a instancias del Jefe de Gabinete de Ministros, Aníbal Fernández- al Modelo Iberoamericano de Software Público para el Gobierno Electrónico impulsado por el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), Argentina ha comenzado a andar el camino de su propia búsqueda de un modelo de Software Público, capaz de dar cuenta de los requerimientos del modelo a internacionalizar y a la vez, ajustarse a la realidad de su propio ecosistema de tecnologías aplicadas a la gestión pública.
Aquí también, como en el resto de los países que participan del proyecto SPI, un debate sobre el alcance del licenciamiento y la responsabilidad del Estado por el aval brindado a las aplicaciones desarrolladas en un entorno colaborativo en el que intervengan actores ajenos a la administración pública, está aún por darse.
Los primeros pasos hacia el modelo argentino de Software Público, sin embargo, han comenzado a darse con la propuesta formulada al PNUD desde la Subsecretaría de Tecnologías de Gestión que conduce Eduardo Thill, quien ha impulsado la creación de una Unidad Operativa que tendrá a su cargo la implementación de un repositorio nacional, el diseño de su régimen de licenciamiento y la disponibilización de las primeras soluciones que Argentina compartirá con sus socios en el proyecto.
Finalmente, el ingreso de nuestro país en el proyecto SPI, dada la gravitación de Argentina en el arco hispanoamericano de la región, marca un hito para el despliegue de la iniciativa, que se vigorizará sin dudas gracias al aporte significativo de los desarrollos elaborados por el Estado nacional, así como los futuros aportes que las administraciones provinciales y municipales podrán hacer al acervo del Software Público argentino.
(*) Jorge Cabezas Delegado por Argentina al Proyecto Software Público Internacional Subsecretaría de Tecnologías de Gestión – Secretaría de Gabinete, Presidencia de la Nación
- Visto: 808