Los que impulsan el software libre propugnan la democratización del acceso a la tecnología y al conocimiento. Su vigencia en Bolivia, más allá de significar un ahorro para las arcas del Estado, conlleva una visión filosófica establecida en la Constitución Política.
De principio, las leyes establecen que hasta 2020 todas las instituciones públicas deben migrar hacia el software libre, con el fin de alcanzar la soberanía tecnológica y aumentar la seguridad.
El ambicioso reto fue planteado en el Decreto 1973 de noviembre de 2013, que reglamenta las tecnologías de información, a partir de la aprobación de la Ley de Telecomunicaciones N. 164.
La vicepresidenta del Senado, Nélida Sifuentes, es una de las principales activistas del software libre. Ella reveló a OPINIÓN (6-6-15) que lograr la normativa en esta materia no fue fácil, debido a la resistencia y el boicot de algunos funcionarios, entre ellos un viceministro que fue destituido.
La presión de una empresa transnacional para que Bolivia compre sus programas incluyó ofertas de viajes a Estados Unidos con todos los gastos pagados, según Sifuentes. Aún no se conoce qué porcentaje de la administración pública ya migró al software libre, pero su vigencia se hace cada día más necesaria. Todas las instituciones públicas usan tecnologías de información y deben transparentar su gestión a través de páginas web, entre otros requerimientos.
Fuente: opinion.com.bo
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