La presentación de dos proyectos de ley relacionados con el uso del software libre y la neutralidad tecnológica, respectivamente, abrió una polémica en cuanto a la adquisición de estas licencias por parte del Estado. Mientras la primera iniciativa busca que éste utilice las denominadas soluciones informáticas “libres” por sobre las patentadas, la otra propuesta apunta a que el gobierno no dé preferencia a ninguna tecnología en particular. La discusión de este tema se ha centrado en los recursos que invierte el Estado en la adquisición de programas tecnológicos para sus distintas reparticiones, y que anualmente supone un gasto de unos $ 36 mil millones.
Pero la idea de que el Estado defina la compra de soluciones informáticas considerando exclusivamente su precio, resulta equivocada. Existen, además, otros aspectos que se deben tener a la vista y que son primordiales en este tipo de procesos. El principal es que su adquisición se realice mediante licitaciones transparentes e informadas, de manera que puedan participar todos aquellos desarrolladores de software que estén interesados.
Esto, a su vez, permite ampliar la oferta de esas tecnologías y lograr precios más competitivos.
También es relevante que al momento de comprar estos programas, el Estado considere el tipo de respaldo que ofrecen las compañías propietarias de las licencias, de manera de asegurar que en caso de ocurrir algún inconveniente, existirá soporte tecnológico confiable, algo esencial para asegurar que las plataformas tecnológicas de las reparticiones públicas funcionen con normalidad. Insistir en una política de software libre que privilegie únicamente la variable costo implicaría transitar hacia una suerte de política industrial, más que en promover -por parte del Estado- la búsqueda de las mejores soluciones informáticas disponibles.
Fuente: La Tercera
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