El software libre ha tenido un desarrollo desigual en la última década en España. De momentos en los que parecía que su uso iba a extenderse -hubo un plan público en 2002, el llamado Proyecto Rhodas, para equipar con software libre a la administración, que no llegó a ejecutarse- se pasaba a otros, si no de retroceso, sí de importante rebaja de las expectativas. Actualmente, su uso está aún bastante lejos de generalizarse, sobre todo en la administración, y en términos porcentuales se halla a una distancia importante del software comercial.
La crisis económica que yugula al mundo occidental está poniendo de nuevo el debate sobre la mesa. Su uso, al menos en las instituciones públicas, podría suponer un considerable ahorro en software comercial, en buena parte controlado por las multinacionales estadounidenses.
El propio Nicholas Negroponte, presidente emérito del MIT, el Instituto de Tecnología de Massachusetts, aprovechaba hace unos días su visita a Granada, en donde se celebraba la Conferencia Internacional del Software Libre, para incidir precisamente en esa idea.
Negroponte apuntaba que si el software libre es generalmente más barato, y en ocasiones, incluso mejor que el comercial, había llegado el momento de pedir a las administraciones planes para incentivar su uso.
Aunque software libre no es sinónimo de software gratuito, sino de software que respeta el derecho del usuario a, una vez obtenido, copiarlo, modificarlo o redistribuirlo libremente, es cierto que la mayor parte del software libre, precisamente por esa libertad que confiere para su redistribución, es gratuito o sólo lleva aparejado un coste por distribución.
El debate sobre su implantación ha venido siempre por tanto, no por su coste, si no por la calidad o la compatibilidad del software libre. Precisamente ese, el de los problemas con los formatos de los documentos, fue uno de los dos argumentos que sirvió al entonces Ministerio de Administraciones Públicas para paralizar el Proyecto Rhodas.
El otro motivo alegado fue una insuficiente dotación de recursos humanos. Ambos argumentos fueron rebatidos en 2005 por el Tribunal de Cuentas, en el informe de fiscalización, en el que indicaba que "no está justificada la concurrencia de ninguno de estos motivos ni, en su caso, las consecuencias que se podrían extraer de los mismos".
Pese a ello, nunca más se supo del proyecto Rhodas o de otros planes para ir cambiando, allá donde fuera posible, sin poner el riesgo la eficiencia, software privativo por software libre.
Y la experiencia, en administraciones públicas en las que se ha apostado claramente por el uso del software libre, ha sido positiva, a tenor de la continuación de los planes.
En Munich, por ejemplo, en donde empezaron la migración hace un lustro, pasando a usar sistemas operativos basados en Linux, están satisfechos con un cambio que les ha permitido ahorrar costes en licencias, y una mayor independencia tecnológica. El proyecto sigue adelante. Rusia anunciaba hace unos días que cambiará paulatinamente los sistemas operativos de la administración, por otros también basados en Linux, y que con esta medida y otras basadas en el uso del software libre, lograrán un importante ahorro, que reinvertirán en acciones para desarrollar una potente industria informática local.
No en todos los casos será posible sustituir en la administración software licenciado de pago por software libre, pero en una situación de crisis como la actual, no analizar siquiera esta vía y saber hasta dónde se podría llegar y cuánto se podría ahorrar, es un lujo que tal vez las maltrechas arcas públicas no pueden permitirse.
Eso, sin olvidar que, sin una apuesta por el software libre, el único que probablemente puede usarse en países en los que la educación a través de la tecnología es aún un lujo, la brecha digital seguirá aumentando. Como Negroponte comentaba días atrás al referirse al proyecto que impulsa, llamado One Laptop Per Child (Un portátil por niño), la única luz que tienen algunas casas de Nigeria es la de este ordenador especial, cargado de libros, a través del cual se educan, y que cuando se rompe, el niño no quiere enviarlo a reparar para no quedarse sin él. Prefiere tenerlo roto que cederlo. Lo que tienen en sus manos los niños, ese portátil con software libre, decía Negroponte estos días, más que un procesador, es su futuro.
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